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El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual con 126 votos a favor y 83 en contra que ahora debe ir al Senado.
Esta iniciativa legislativa traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual ante la evolución de la realidad del mercado, en la que existen nuevos agentes y servicios audiovisuales al albur de las tecnologías digitales. La norma será remitida al Senado para completar su tramitación parlamentaria.
Con esta iniciativa legislativa se transpone al ordenamiento jurídico la normativa europea y se moderniza la Ley de Comunicación Audiovisual vigente (2010) que establece obligaciones casi exclusivamente para la Televisión Digital Terrestre en abierto.
Este texto legislativo es resultado de un intenso proceso negociador y de diálogo con todas las partes, que ha incorporado mejoras durante su tramitación en el Congreso. Previamente, también se sometió a un proceso consultivo con los diferentes agentes públicos y privados implicados, incluyendo dos audiencias públicas.
Uno de los objetivos de la nueva regulación es promover el desarrollo ordenado del mercado audiovisual, estableciendo un terreno de juego equilibrado para todos prestadores de servicios que compiten en el mercado por una misma audiencia. La directiva europea, no obstante, impone un límite que es el principio de país de origen, por el cual los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sólo están sujetos al ordenamiento jurídico y a la jurisdicción del Estado miembro en el que están establecidos.
Recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta reforma contempla además entre sus objetivos el impulso de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión para el ámbito audiovisual, a través del "España Hub Audiovisual".
Una ley acorde a la nueva realidad audiovisual
La norma incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual, fruto de los valores de las sociedades democráticas: la dignidad humana; la protección de los usuarios respecto de contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer; la obligación de transmitir una imagen respetuosa y apreciativa de las personas con discapacidad; la promoción del pluralismo lingüístico existente en España; y la veracidad de la información. Asimismo, la Ley promueve la autorregulación y la corregulación en el ámbito audiovisual.
Refuerzo de la protección de menores
Uno de los objetivos de esta norma, en línea con la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es incrementar la protección de los menores, obligando a todos los prestadores a facilitar información sobre el contenido que puede ser perjudicial para ellos mediante sistemas de calificación por edades. Aquellos programas cuya calificación sea "no recomendada para menores de 18 años" sólo podrán emitirse entre las 22.00 h y las 6.00h.
Las plataformas de intercambio de videos, que deberán estar inscritas en el registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberán también operar sistemas de verificación de edad y establecer mecanismos para calificar los contenidos en función de la edad. También deberán incluir una funcionalidad para que los usuarios que suban vídeos declaren si dichos vídeos contienen publicidad.
Desde un punto de vista cualitativo, se prohíbe de manera absoluta la publicidad subliminal, la publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos, así como aquella que vulnere la dignidad humana o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio.
La publicidad de bebidas alcohólicas se restringe a determinadas franjas horarias: la de bebidas de graduación superior a 20 grados solo se podrá emitir entre la 1:00 horas y las 5:00 horas. Esta limitación se extiende a los servicios radiofónicos y sonoros a petición. La publicidad de alcohol de menos de 20º se podrá emitir entre las 20:30-5:00 horas.
La publicidad de esoterismo y paraciencias, juegos de azar y apuestas también se restringe a la franja horaria de 1:00 horas a 5:00 horas, aunque se establecen algunas excepciones como los juegos de lotería.
Desde un punto de vista cuantitativo, se flexibilizan los límites de la publicidad en los servicios de televisión lineal (en abierto y de pago) de acuerdo con lo marcado en la directiva europea. Así, se pasa de un límite de 12 minutos por hora a un límite máximo de 144 minutos entre las 6.00 horas de la mañana y las 18:00 horas, y a un límite máximo de 72 minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.
Accesibilidad para los ciudadanos
La iniciativa legislativa amplía la accesibilidad de los contenidos para todos los ciudadanos, extendiendo la obligación a agentes que hasta ahora no estaban cubiertos: servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional; servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición; y servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.
Asimismo, con el fin de garantizar la calidad de los contenidos signados, se establece que deberán observar los criterios del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española o de los organismos equivalentes de las CCAA que tengan su propia lengua de signos.
Como novedad frente a la actual normativa, se crea un punto único para reclamaciones relativas a la accesibilidad por parte de los usuarios, que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Promoción de obra audiovisual europea
La promoción de la obra audiovisual europea es una de las prioridades de la directiva comunitaria. Por una parte, se obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal a reservar al menos el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50% se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esta subcuota, RTVE reservará un mínimo del 15% a obras audiovisuales en las alguna de las lenguas oficiales de las CCAA, teniendo en cuenta la población y reservando un 10% para cada una.
Además, el texto establece que aquellas comunidades autónomas que tengan lengua oficial podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual en sus correspondientes ámbitos autonómicos.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición deberán reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad (15%) deberán ser obras en lenguas oficiales en España y, de esa subcuota, el 40% deberán ser obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las CCAA, teniendo en cuenta la población y reservando, al menos, un 10% para cada una de ellas.
Por otra parte, en lo que se refiere a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea, se establece una excepción al principio de país de origen, ya que cualquier prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo que ofrezca su servicio en España deberá contribuir a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea.
La cuantía de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea se calculará en función de los ingresos anuales. Quedan exentos los prestadores con una facturación generada por sus servicios en España inferior a 10 millones de euros al año.
Impulso a la producción independiente y a la dirección o producción realizada por mujeres
La Ley General Comunicación Audiovisual refuerza la promoción de obra audiovisual europea de productores independientes, incrementando las obligaciones de inversión.
Aquellos que estén obligados deben cumplir dos obligaciones (los porcentajes no se suman entre sí): destinar el 3,5% a obra audiovisual en cualquier formato, que deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas cooficiales, frente al 0,9% actual; y, por otro lado, destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente, que deberá realizarse también en la lengua oficial del Estado o en alguna de las cooficiales, frente al 1,8% vigente.
Además, se fomentará la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres mediante la convocatoria de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual y se promoverá la formación, atracción y retención de talento femenino en este sector.
De la financiación destinada a producir obra independiente, los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal y a petición deberán destinar un 30% a obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.
Pluralismo lingüístico
Con la finalidad de fomentar la diversidad cultural y lingüística y las lenguas cooficiales en los servicios de comunicación audiovisual televisivos, el texto prevé la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.
En la tramitación parlamentaria se ha incorporado nuevas medidas para fomentar la promoción de las lenguas cooficiales y proteger su uso como la creación de un fondo de ayudas entre el Estado y las comunidades autónomas que será transferido a los organismos competentes.
Financiación de RTVE
El texto legislativo establece que la financiación de RTVE se realice con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto; televisión lineal de pago; prestadores de vídeo bajo demanda; y plataformas de intercambio de vídeos.
Además, esta aportación deberán realizarla tanto aquellos prestadores que estén establecidos en España como los que estén en otro país de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España. Asimismo, se elimina la aportación directa que realizan los operadores de telecomunicaciones por la parte de su negocio que no se corresponda a la actividad audiovisual.
Junts per Catalunya y PDECat han presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas al proyecto de ley de comunicación general audiovisual para tratar de proteger las competencias autonómicas en esa materia y la producción audiovisual en catalán.
La diputada de JxCat Pilar Calvo ha asegurado que desde el grupo plural presentan "enmiendas ambiciosas" para "salvar el catalán". "No podemos aceptar acuerdos de mínimos", afirman desde Junts, que ha registrado 80 enmiendas al articulado de la ley tras un trabajo conjunto con Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural.
Además, JxCat reclama que el regulador catalán en la materia, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), tenga competencias respecto al control y supervisión de los contenidos emitidos en línea o en plataformas. “A estas alturas, la ley no lo blinda, haciendo que el CAC pase a no tener legalmente control ni siquiera sobre los contenidos de los medios públicos online”, lamenta Calvo.
Por otra parte, desde Junts piden que las plataformas ayuden a financiar las corporaciones de medios públicos de comunicación, como ya se hace en el caso de RTVE. "Proponemos que el 1,5% que recibe éste se reparta al 50% con los otros medios públicos autonómicos", afirman desde la formación en un comunicado.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, según se recoge en la referencias del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo quiere acelerar así los plazos parlamentarios y aprobar definitivamente el proyecto de Ley, que transpone la Directiva audiovisual europea al ordenamiento jurídico español. Esta reforma está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobó en noviembre de 2021 la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley. La Comisión Europea había dado un ultimátum a las autoridades españolas en septiembre para que, en el plazo de dos meses, tomaran las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas en materia de servicios audiovisuales, en vigor en la UE desde septiembre de 2020.
El Grupo Vasco ha decidido retirar su enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual tras, constatar en las últimas horas, según asegura, "avances" en las posiciones del Gobierno y confirmar que existe "voluntad" de negociación y "margen" para el acuerdo.
Así, y con el objetivo de "generar un clima de entendimiento" entre ambas partes, el Grupo Vasco ha procedido a retirar su enmienda de totalidad, cuyo debate estaba previsto para este jueves a las 09.00 horas a las 9h en el pleno del Congreso y confía en "que la senda de negociación abierta con el Ministerio continúe a lo largo de las próximas semanas y se sustancie en un acuerdo satisfactorio", según ha informado la formación.
El Grupo Vasco recuerda que presentó una enmienda de totalidad con texto alternativo con el propósito de "mejorar" el Proyecto de Ley, buscando una redacción "más equilibrada" que establezca, en los márgenes de la directiva europea que se transpone, un marco jurídico actualizado para el sector que respete las competencias de las comunidades autónomas y la gobernanza de las televisiones autonómicas, proteja la pluralidad cultural y lingüística del Estado y fomente la producción de obras audiovisuales europeas en las lenguas propias de las autonomías.
Finalmente, señala que afronta con "optimismo" y con la "máxima predisposición a la negociación y el acuerdo".
La Comisión Europea decidió hoy llevar a España y otros cuatro Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber transpuesto a sus legislaciones una directiva sobre servicios de comunicación audiovisual revisada y pidió "sanciones económicas" contra los cinco.
Los otros países a los que el Ejecutivo comunitario lleva ante el tribunal con sede en Luxemburgo son la República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia, informó la Comisión en un comunicado.
Esa directiva, revisada en 2018 y cuyo plazo de transposición terminó en noviembre de 2020, regula la coordinación en toda la Unión Europea de la legislación nacional sobre todos los medios audiovisuales.
Estas nuevas normas de la UE pretenden crear un panorama audiovisual "más seguro, justo y diverso", afirmó la Comisión.
En concreto, "refuerzan la protección de los espectadores, prestando especial atención a la seguridad de las personas más vulnerables, como los menores, amplían las normas sobre contenidos nocivos a las plataformas de intercambio de vídeos y promueven la diversidad cultural en los medios audiovisuales".
Además, la directiva introdujo requisitos adicionales de independencia para las autoridades nacionales de regulación de los medios de comunicación.
Bruselas consideró que, debido al retraso en la transposición, los ciudadanos y las empresas de los cinco países denunciados no pueden beneficiarse de las disposiciones de la directiva, como la concurrencia equitativa para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales.
La directiva también garantiza la independencia de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación nacionales y preserva la diversidad cultural, al exigir a los servicios de vídeo a la carta que incluyan al menos un 30% de obras europeas en sus catálogos.
Además, protege a los niños y a los consumidores en general, por ejemplo, al establecer normas sobre la protección de los menores frente a los contenidos nocivos o contra el odio racial, religioso o de otro tipo, la incitación a la violencia o la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, recordó la Comisión.
El Grupo Vasco en el Congreso ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. La propuesta del PNV parte del texto aprobado por el Gobierno español, al que propone cambios de distinto calado con el objetivo de mejorarlo, según ha anunciado el partido en una nota de prensa.
Los jeltzales dan tres razones para rechazar el texto. En primer lugar, y de acuerdo con el portavoz del Grupo Vasco en la materia, Joseba Agirretxea, el proyecto de ley del Gobierno español “plantea una recentralización inaceptable”, que además “no mejora en absoluto la ley vigente, e invade competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en la materia”. En segundo lugar, el Proyecto de Ley “se entromete en la gobernanza de las televisiones autónomicas de una manera que no corresponde a una Ley estatal”. En tercer lugar, el Grupo Vasco denuncia que “no tiene en suficiente consideración al euskera o a las lenguas oficiales del Estado español”.
Las productoras independientes han vuelto a acusar al proyecto de Ley General Audiovisual, actualmente enviado por el Gobierno al Congreso pero aún sin tramitar, de primar la inversión internacional por encima de la local y de buscar convertir a las empresas españolas en una «industria auxiliar de los grandes proveedores de contenidos internacionales» marginando el carácter cultural del sector al contrario de lo que están haciendo otros países de la Unión Europea.
La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), nació en 2021 y está formada por AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, representando al representa el 90% de la producción audiovisual independiente en España actualmente. La misma ha emitido un comunicado reprobando el texto en manos del Congreso actualmente y pidiendo que no sea aprobado en los términos que está redactado en estos momentos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para conocer la opinión del sector audiovisual y estudiar la “posibilidad de encuadrar” a los creadores de contenido audiovisual en internet “como prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos a la regulación sectorial audiovisual”, es decir, a la misma ley que regula la televisión tradicional.
Teledetodos es un Grupo de investigación que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y a todos aquellos ciudadanos o colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Este sitio pretende ser un foro de referencia y documentación para todos los interesados en el sector de la comunicación y sus contenidos y publicaciones están abiertos a la participación ciudadana.
