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Grupo de estudio de comunicación de servicio público

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Aportación de Teledetodos a la consulta pública sobre la modificación de la ley General de la Comunicación Audiovisual

 

Desde Teledetodos valoramos positivamente el fomento de las autoridades reguladoras independientes y, en el caso español, consideramos imprescindible un organismo regulador específico, el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, con competencias sobre los canales tradicionales, los servicios bajo demanda y las plataformas de intercambio de vídeos.

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Consultas públicas sobre el futuro del audiovisual

Durante enero y febrero algunas de las normas fundamentales de la regulación audiovisual han estado o están en período de información o consulta pública.

A lo largo de este año debieran, primero, promulgarse las normas reglamentarias que permitan que la TDT siga siendo el sistema de difusión de la televisión lineal y, luego presentarse el proyecto de ley que modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) para adaptarla a la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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RTVE en momentos decisivos: la democratización y consolidación del servicio público

Con la entrega el pasado diciembre al Congreso de los Diputados del listado de los 20 candidatos mejor valorados (curriculum y proyecto de gestión), el Comité de Expertos ha creado un precedente trascendental para el futuro de RTVE, pero también para todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autonómicas, municipales...); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general. Entre los aspirantes considerados ‘idóneos’ hay expertos de todas las ideologías pero que tienen en común una acreditada experiencia comunicativa y radiotelevisiva (BOE de 18-12-2018). Frente a la empecinada tradición española en RTVE (durante 38 años en democracia) de elegir a los consejeros y al director general de entre los militantes más fieles de los partidos en el Gobierno y en la oposición, generalmente coincidentes con los que menos sabían de ese campo, la mediación de un Comité de Expertos independiente implica el respeto a la indiscutible soberanía parlamentaria, pero sobre la base de elegir a partir de una previa evaluación y selección de los mejores para esa función por méritos y capacidad.

Un principio que solo se había ido admitiendo, a regañadientes, en los museos, y que sigue resultando ajeno a los típicos nombramientos gubernamentales a dedo en las grandes empresas públicas. Hubiera sido preferible ciertamente que, como manda la doctrina europea y practica desde hace unos años la BBC, se hubiera separado tajantemente el concurso y valoración de los candidatos a presidente o director general (lo que exigiría un proyecto de futuro sólido) de la calificación y elección de los órganos de control (Consejo de Administración). Pero la difícil aprobación por consenso general de la Ley 5/2017 de 29 de septiembre para revertir la regresión histórica ocasionada por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, arrastró consigo esas paradojas. Además, esta evaluación externa de los futuros consejeros y de entre ellos, del presidente de la Corporación, no debería ser contradictoria con las reivindicaciones de gobernanza participativa de la sociedad civil que, como en el caso ejemplar de Alemania (Tribunal Constitucional en 2014), deben dejar a las asociaciones civiles no lucrativas la propuesta y nombramiento de la mayoría de los organismos de control.

En el turbulento panorama político español actual es difícil hacer predicciones. Pero al menos hay que exigir que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo pronto sobre el nombramiento plural del Consejo de Administración de RTVE y la elección de su presidente. Por encima de cualquier nueva tentación autoritaria de volver a controlar y manipular el servicio público, debería estar el clamor de la sociedad española para conseguir una auténtica independencia estable de RTVE (y de las radiotelevisiones autonómicas después), al margen de toda coyuntura electoral próxima. Naturalmente, y como señalan los manuales de la UNESCO de ‘buenas prácticas’, esta condición restablecería el prestigio perdido del servicio público, pero no garantiza por sí sola su regeneración y consolidación como resorte democrático fundamental de nuestra democracia. Tendría que ir acompañado en breve plazo de toda una serie de medidas elementales, y de una reconversión total a un servicio multimedia y multiplataforma y respaldado por un nuevo pacto social por la necesidad imperiosa del servicio público para la sociedad española y su democracia. Como signo positivo provisional, aunque claramente insuficiente, está la subida de la asignación destinada a RTVE en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 (un 9, 5 % sobre 2018) hasta los 376 millones de euros, después de los recortes brutales que sufrió desde 2012. Se trata solo de un principio de recuperación pero que podría comenzar a apuntalar el papel cultural del servicio público aunadamente con el gasto público cultural que, en el proyecto inicial, sube también casi en la misma proporción (un 9,7 %).

 

Enlace:  https://elpais.com/economia/2019/01/21/alternativas/1548061374_069194.html

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FRANCE TÉLÉVISIONS: PLAN DE CHOQUE PARA JUSTIFICAR UN MILLAR DE DESPIDOS

Reducir unos mil puestos de trabajo. Esa es la intención -ya expresada hace un mes- por el grupo France Télévisions (FT), la televisión nacional pública francesa que integra a France2, France3, France4, France5 y France Ô (ésta cubre los territorios y departamentos ultramarinos). El lunes pasado (14 de enero de 2018) empezó la negociación con los sindicatos.

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Nueva normativa Agencia EFE

El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre aprobó un Real Decreto por el que se aprobaban y desarrollaban las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la agencia EFE. La agencia, fundada en 1939, carecía hasta ahora de un desarrollo legislativo acorde con la Constitución española y con la legislación europea, sin una definición clara de su misión de servicio público ni un contrato-programa aprobado por el Parlamento, ni contaba con estructuras de gestión que garanticen el pluralismo y el control de sus obligaciones. La única reforma destacada en el período democrático fue la realizada con el traspaso de las acciones, en mayo de 2001, desde el Patrimonio del Estado a la SEPI, que pasó así a constituirse en su único accionista, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado.

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COMITÉ DE EXPERTOS DE RTVE: MAS LUCES QUE SOMBRAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO

La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.

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El futuro de RTVE a examen

 

El Comité de Expertos acaba de hacer pública la lista de los veinte aspirantes con mayor puntuación para dirigir RTVE. El listado de finalistas llega después de más tres meses de trabajo en los que han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 candidatos aceptados en el concurso público. Los veinte candidatos seleccionados tendrán que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, como paso previo a que el parlamento designe a los diez integrantes del Consejo de Administración y, entre ellos, la futura presidencia de la Corporación.

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¿Hay que cerrar los medios de comunicación públicos?

En las últimas semanas, al calor de las recientes elecciones andaluzas, hemos podido escuchar, con asombro y preocupación, cómo la formación política Vox reclama el cierre de Canal Sur y de todas las televisiones públicas autonómicas. Se trata de una reivindicación que no ha sido contradicha frontalmente por PP y Ciudadanos. El Partido Popular ha manifestado, a través de su secretario general, Teodoro García Egea: “...prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería”. Una afirmación que recuerda poderosamente las razones esgrimidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, cuando justificó el cierre de RTVV, “para evitar el cierre de hospitales y colegios”. Por su parte, la formación Ciudadanos no parece sentirse incómoda ante el ataque a los medios de comunicación públicos, defendiendo así un cambio de modelo de la radiotelevisión pública que, en el caso de À Punt, la RTV pública de la Comunidad Valenciana, sea reducido su tamaño a 300 trabajadores (actualmente tiene alrededor de 450) y cuente con un presupuesto entre 80 y 90 millones de euros (¡ahora mismo tiene 55 millones!), para sostener el sector audiovisual valenciano.

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